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El Instituto de Política Migratoria publicó recientemente un estudio donde exponen que alrededor del 87% de los inmigrantes que se encuentran sin papeles en los Estados Unidos no tendrán que enfrentarse a deportaciones ya que las acciones ejecutivas del Presidente Barack Obama garantizarán un grado de protección.

Algunos creen que este programa sea el final de las deportaciones.

Solo se someterán a la ley el 13% del total de once millones de inmigrantes sin papeles, este porcentaje se refiere a las 1.4 millones de personas que poseen antecedentes penales o que cruzaron la frontera de forma ilegal.

Estos casos si se estiman dentro de las prioridades de deportación. Esto significaría que habría un aumento en las deportaciones de inmigrantes que fueron condenados por delitos graves o fueron capturados al momento de cruzar la frontera sin tener los permisos correspondientes.

El programa está en pleno auge ya que el pasado mes de Julio Kathryn Steinle fue asesinada en un muelle de San Francisco en manos de un inmigrante Mexicano quien tenía un largo historial de delitos graves y deportaciones. El mexicano de nombre Juan Francisco López fue puesto en libertad por el Sheriff de San Francisco sin aviso previo a los agentes  federales.
El instituto de Políticas Migratorias con sus investigaciones ha prestado apoyo a las medidas que otorgan un estatus legal a los inmigrantes sin documentos.

Su informe está basado en datos que les proporcionó el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Censo.

Estos nuevos programas para mejorar la cooperación en  materia de inmigración iniciaran en más de 300 ciudades de Estados Unidos, como San Francisco, donde han aprobado leyes que limitan el trabajo de las fuerzas locales ya que estaban sacando a inmigrantes asentados por largo tiempo y que no tenían antecedentes penales ni familiares en el país.

Encargados de la Seguridad Interna de Estados Unidos han declarado que habían cerrado un programa anterior, conocido como Comunidades Seguras, porque los tribunales federales dictaminaron que sus solicitudes a los departamentos de policía local para detener a los inmigrantes, eran inconstitucionales.

El programa tiene también sus detractores, ya que consideran que esta socavando la capacidad de los agentes para hacer cumplir las leyes de inmigración, sin embargo el informe reitera que las prioridades de deportación, según la Secretaría de Seguridad Interna, son los casos que representen una amenaza para la seguridad nacional, los miembros de pandillas, los delincuentes convictos y aquellos que han cruzado la frontera recientemente.

Las otras prioridades son los reincidentes en delitos menores y las personas que entraron a Estados Unidos ilegalmente o que se ordenó su deportación después del 1 de enero de 2014.

 

 

 

 

 

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